COPETRO FUNCIONA SIN HABILITACIÓN A TREINTA METROS DE LA POBLACIÓN

Equipo de Investigación:

Boroni, Emilce

Depascuale, Matías

Díaz Lozano, Mariano

Mogaburo, Tania

Irregularidades en la fábrica de carbón de Ensenada

Desde hace 6 años, la empresa no cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA). El barrio Campamento de Ensenada cumple 27 años de lucha contra la contaminación de la empresa Copetro y contra la ineficiencia de los gobiernos municipal y provincial. La Justicia falló a favor de los vecinos pero el conflicto continúa.

Actualmente Copetro no posee la certificación ambiental y tiene cientos de juicios iniciados y, algunos, perdidos por contaminación y daños materiales. Según el expediente 04033-0022453/1995-000, conseguido por este equipo de investigación el 29 de octubre del corriente, la empresa no posee el CCA desde junio de 2003, pe ro sigue funcionando ininterrumpidamente con ap enas una sola clausura en el año 2004.

La Great Lakes Carbon Corporation, firma norteamericana que realizó la inversión inicial de 45 millones de dólares en 1982, promocionó a la naciente Copetro como “la planta de calcinación de coque más avanzada del mundo” cuya producción es “ciento por ciento confiable. Donde nada, absolutamente nada queda librado al azar”.

Copetro es la única planta procesadora de carbón de coque del país. Funciona en Ensenada desde 1982, año en que fue autorizada por el gobierno de facto a instalarse en la zona del puerto, un lugar estratégico por su cercanía a la refinería de YPF de donde Copetro obtiene la materia prima, y por el acceso directo de los barcos que exportan el 60 % de la producción de carbón calcinado. Para su emplazamiento, Copetro recibió el beneficio de la categorización zonal otorgada por el municipio de Ensenada que le permitió desarrollar su actividad industrial en una zona poblada desde hacía más de cien años.

La puesta en funcionamiento de Copetro trajo aparejado una serie de problemas con los vecinos del barrio que empezaron a denunciar a la empresa por contaminar el aire, ensuciar las casas con carbón y poner en riesgo la salud de los habitantes. Sin embargo, las autoridades provinciales aprobaron los informes de impacto ambiental y le concedieron el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) necesario para desarrollar cualquier actividad industrial.

En este momento la situación es otra: Copetro ya no posee la certificación ambiental desde hace seis años y tiene cientos de juicios iniciados y, algunos, perdidos por contaminación y daños materiales. En 2004, la empresa fue clausurada luego de 20 años de funcionamiento, por orden del juez Gerardo Echeverría en el marco de la demanda judicial iniciada por un grupo de vecinos del barrio Campamento. La clausura duró diez días y fue levantada con la condición de que Copetro llevara a cabo un plan de reformas para reducir la cantidad de carbón en el ambiente.

En esa oportunidad, los organismos públicos que habían hecho caso omiso a las denuncias vecinales se pronunciaron a favor de ellas: la Secretaría de Política Ambiental (hoy Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable - OPDS) declaró que la clausura fue motivada por la contaminación y el riesgo que esto significaba para los trabajadores de la fábrica así como para los vecinos, y aseguró que no levantarían la clausura hasta que Copetro planteara una acción seria. Además confirmaron lo que los vecinos venían denunciando: que Copetro funcionaba sin el CAA -que la misma Secretaría otorga-.

Por su parte, la municipalidad de Ensenada colaboró con la clausura y el intendente Mario Secco dijo que “avalamos la medida porque no queremos tener empresas que contaminen. No vamos a arrodillarnos ante nadie. Que hagan lo que tienen que hacer porque no podemos tener en pleno centro de Ensenada una planta que esté arrojando carbón a la gente.”

Este equipo de investigación ha corroborado en los archivos de prensa que el tema de la habilitación ambiental de Copetro no ocupa ningún lugar. Los titulares sólo destacan acciones judiciales como órdenes de clausura, multas e intimaciones a la empresa, las cuales van acompañadas de fervientes declaraciones de funcionarios pronunciándose a favor del pueblo.

Irregularidades y discrecionalidad legal

El Certificado de Aptitud Ambiental que otorga el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS: Torre II, piso 14 y 15 - La Plata) es el documento fundamental que acredita la aptitud de la zona según el tipo de empresa a radicarse. La ley provincial de Radicación Industrial (11.459) clasifica a las industrias en tres categorías según su nivel de complejidad. Los establecimientos de tercera categoría “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.” Por estas características, la legislación obliga a estas industrias a radicarse lejos de la población, en las zonas clasificadas con la letra “D”: industrial exclusiva.

Copetro es una industria de tercera categoría. Si bien la empresa es preexistente a la ley, debe adaptarse a ella. Según la planificación urbana de la Municipalidad de Ensenada, el lugar donde funciona Copetro es una zona industrial exclusiva y forma parte del Polo Petroquímico. Según lo que cualquier observador puede ver, es un barrio, cuya existencia es anterior a las industrias actuales. Raúl Panettieri, Director de Medio Ambiente de Ensenada, le concedió una entrevista a este equipo en la cual afirmó que el puerto, por sus características, es apto para este tipo de industria. El funcionario reconoció que la empresa está al lado de un barrio pero asegura que la zonificación del Municipio se adapta a las leyes provinciales.

Ingenieros de Copetro como Juan Melendi y Lorena Martínez, quienes se desempeñan en el laboratorio de la empresa, coinciden en que están trabajando en una zona de alto valor industrial, dentro del Polo Petroquímico y que están avalados por las leyes. Ante la consulta de este equipo de investigación, la ingeniera química Lorena Martínez declaró que el emplazamiento de Copetro es estratégico porque está al lado de YPF y que para el empresario extranjero es mucho más importante considerar esta ventaja económica que ocuparse del vecino que tiene al lado. Por otro lado, aseguró que el barrio creció desde que se instaló Copetro porque muchos se acercaron a esta fuente laboral. En cuanto a los conflictos con algunos vecinos, su conclusión es que existe una falla política, ya sea en la planificación del Municipio como en la legislación provincial; “es un problema que excede a Copetro”.

Plan de Reformas y Certificación ambiental

Después de la clausura de 2004, Copetro inició un plan de reformas en la planta: construyó un galpón de 500 metros de largo por 50 metros de ancho para guardar las pilas de carbón, cubrió las cintas transportadoras, colocó filtros e instaló un sistema de volcado de vagones, entre otras cosas. Lorena Martínez afirmó que las reformas están concluidas pero que el OPDS aún no ha respondido el pedido de renovación del CAA. Daniel Díaz, del área de Auditoria del organismo provincial, a cargo del trámite del CAA, declaró a este equipo que el área cuenta con muy poco personal (tres personas) y que es imposible cumplir con los plazos establecidos por ley. La última auditoría del OPDS en Copetro fue en noviembre de 2008.

Resulta contradictoria la opinión de Martínez de que la renovación del CAA es independiente de las reformas, con la afirmación de Díaz de que el trámite está en la instancia de evaluación de las reformas. El CAA debe ser renovado cada dos años, pero Copetro hace seis años que está esperando la renovación. “OPDS está muy comprometida” explica Martínez, porque “está en una posición de intermediaria entre la empresa y la comunidad” y agrega que “el certificado es un poco político: cuando no te lo dan pero no te dicen que no te lo van a dar, automáticamente la empresa se habilita”.

Un dato curioso resulta el matrimonio Melendi: Juan Melendi, Jefe de Laboratorio de Copetro, y Nancy Pinotti, ingeniera que integra el staff de la Dirección de Control Ambiental del OPDS. “Personalmente fui a hablar con funcionarios del organismo y cuando les pregunté si había matrimonio entre las partes me confesaron que sí”, aseguró Osvaldo Figoni, vecino de Ensenada, refiriéndose al supuesto matrimonio entre Copetro y el OPDS.

León Troffé vive a seis cuadras de Copetro y tiene una larga trayectoria de denuncias en el Concejo Deliberante de su ciudad y en el OPDS. Aún sigue esperando los resultados de las muestras de carbón retiradas de su casa hace años por inspectores del OPDS. Las excusas que recibió a cada pedido de informes fueron las mismas que recibió este equipo en forma reiterada cada vez que se solicitó formalmente una audiencia con Hernán Pantuso, Director de Relaciones con la Comunidad del OPDS. El funcionario pidió por escrito las preguntas que el equipo deseara hacerle. El cuestionario le fue concedido el 22 de septiembre del corriente pero no hubo respuestas.

La inoperancia del organismo llevó a Troffé a hablar con los directivos de Copetro: “quería saber cómo era que estaba trabajando una empresa sin habilitación y me dijeron que ellos no tenían la culpa de no tener la habilitación, `lo que tiene que hacer la Secretaria de Política Ambiental (OPDS) es exigirnos que nosotros tengamos todo en regla y no lo hace, por eso seguimos trabajando igual´.”

La larga batalla contra
el carbón

La Secretaría de Política Ambiental se creó en el transcurso de las luchas vecinales contra la contaminación de Copetro. Antes de su creación, los expedientes se acumulaban en el Ministerio de Salud. Sin embargo, el nuevo organismo no respondió con mayor eficiencia los reclamos de los vecinos.

La conformación de la ONG “Asociación Campamento contra la Contaminación” y la iniciación de los juicios activaron –tibiamente- los mecanismos de fiscalización e intimación de los organismos públicos sobre la empresa. Los vecinos nucleados en la ONG demandaron por primera vez a Copetro en 1992. Llevan iniciadas cinco tandas de juicios, la primera con fallo favorable a los vecinos.

Osvaldo Figoni, miembro de la Asociación Campamento, afirmó en una entrevista con este equipo, que la primera sentencia “fue un fallo que quedó como ejemplar para todo lo que suceda de aquí en más.” Sin embargo, remarcó que la Justicia ha sido demasiado lenta y mientras Copetro apelaba una y otra vez, los años fueron pasando, “mientras tanto comíamos carbón a baldes”.

Copetro se defendió apoyándose en su derecho a ejercer la industria lícita y a la propiedad. A lo cual agregó que la demanda debía prescribirse debido al tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad de Copetro y la demanda de los vecinos. Completó su defensa planteando que el daño ambiental no es de exclusiva responsabilidad de Copetro ya que antes de su instalación la zona se encontraba afectada por la existencia del polo petroquímico.

Raúl Panettieri, comparte la postura de Copetro y asegura que “no está comprobado específicamente qué empresas contaminan ni que Copetro contamine, porque al haber tantas empresas juntas en Ensenada, entre todas pueden generar un foco de contaminación”. Pero reconoció que a pesar de las reformas “el carbón sigue saliendo al aire libre”.

La Justicia concluyó que los derechos primordiales a la salud y a la vida debían ser indemnizados por Copetro y que la empresa debía reformar su planta para no contaminar. En cuanto a los parámetros de contaminación permitidos para la actividad industrial, la Justicia determinó que “una cosa es que el daño sea permitido hasta ciertos límites administrativos y otra es que ese daño sea tolerable por la sociedad”, en referencia a la cercanía de Copetro con el barrio.

El trabajo sucio del carbón

En noviembre de 2005, Jorge Del Río y Adrián Feltri, delegados gremiales de Copetro es ese momento, ingresaron una denuncia en el OPDS en la que pedían que se investigue a la empresa porque atentaba contra el medio ambiente. En el documento denunciaban prácticas comunes en el interior de la planta como el drenaje de deshechos tóxicos al Río de La Plata, la utilización de lanchas para licuar las manchas de carbón en el agua, las órdenes de parar las actividades durante la visita de los inspectores, etc. El OPDS no ratificó las denuncias y Copetro despidió a los delegados sin indemnización.

El documento incluía una denuncia concreta donde se mencionaba las instrucciones dadas a Jorge Del Río por parte de Fernando Milani y Juan Melendi, jefes de laboratorio, para que tres días antes de la visita de los inspectores del OPDS cambiara los recipientes con agua que se llevaban para medir la polución. “El inspector se llevaba la muestra de tres días no de un mes. Siempre cuando venía Política Ambiental avisaban con anticipación” afirma Del Río, quien además denunció haber recibido amenazas por parte de directivos de la empresa: “Te crean miedo, te amenazan con que la fábrica levanta o que van a echar gente.”

La lógica empresarial de maximizar beneficios reduciendo costos y acelerando los ritmos de producción se traducían en riesgos para la seguridad de los operarios: “Había que esperar una hora y media para que el calcinado decante, pero si estaban apurados por cargar un barco te hacían bajar a la bodega a los 20 minutos” afirmó Adrián Feltri, quien trabajó seis años en la carga de buques. “Daban unos barbijos que no sirven porque son descartables, llega un momento en que se satura de tanto polvo”, confirmó Del Río a este equipo.

Los trabajadores de Copetro, al igual que los vecinos de Campamento, iniciaron un itinerario infructuoso por las oficinas de la administración pública: “Teníamos denuncias hechas en ministerios que desaparecieron, en el Ministerio de Trabajo, Política Ambiental, en todos lados. He ido hasta Nación golpeando puertas”, expresa Del Río. Después de la lucha de 2004 y 2005 por mejores condiciones laborales durante la cual los trabajadores pararon por primera vez la planta, Copetro respondió con despidos masivos. A los juicios por daños ambientales se les sumaron los juicios laborales.

Cómo juega Copetro

En abril de este año, la empresa firmó un convenio con la Municipalidad de Ensenada mediante el cual donó más de un millón de pesos para realizar obras públicas en el barrio Campamento. Marcelo Jaworski, Gerente General de Copetro, dijo luego de la firma del convenio que “agradecemos la oportunidad que nos da el intendente de poder contribuir con esta plaza, y con la iluminación para el barrio Campamento. De esta manera mostramos nuestro compromiso con el barrio”. El convenio fue avalado por el Concejo Deliberante y Mario Secco declaró que “nosotros no somos los que expulsamos a las empresas; nosotros queremos convivir con el respeto que se merecen las empresas y con el respeto que se merece la comunidad. Tenemos que ser ese garante entre la comunidad y las empresas”.

Copetro también ha avanzado sobre la sociedad civil: apadrina el jardín de Infantes Nº 909, al que equipó con una sala de computación, y a la Escuela Primaria Nº 15, ambos ubicados en el barrio Campamento. Donó medicamentos al Hospital Cestino y festejó el último día del niño repartiendo golosinas en varias escuelas y contratando animación infantil. También colabora con organizaciones civiles como clubes, bomberos y policía, en el marco de su “Programa de apoyo e integración a la Comunidad”.

Raúl Panettieri afirmó que, al margen del convenio, él sigue trabajando como siempre y que “si los tenemos que infraccionar se los infracciona”. También expresó que los nuevos directivos de Copetro (Grupo Oxbow) “son más abiertos, tienen otra predisposición con el Municipio. Podemos entrar sin que nos tengan una hora parados en la puerta para hacer una inspección”.

Vecinos del barrio Campamento y de otros barrios han recibido amenazas por rechazar las propinas de la empresa y reclamar su derecho a gozar de un ambiente sano, citando el artículo 28 de la Constitución Provincial. “Si mañana falla la Justicia y se termina todo, a mí igual no me va a caber la sonrisa. El daño está hecho”, afirma Osvaldo Figoni.

Agradecimientos: Juan Vander; Osvaldo Figoni; Jorge Del Río; Adrián Feltri y León Troffe, por su desinteresada colaboración.
A ellos y a todos los que luchan desde hace años por la erradicación de empresas contaminantes como Copetro.
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Ley de Radicación Industrial 11.459
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/215
http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=994
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Anexo - Documentación